The Verge ha confirmado que Google adoptará el 31 de enero de 2019 una nueva normativa que obligará a los fabricantes de smartphones y tabletas basados en Android a garantizar al menos dos años de actualizaciones de seguridad, aunque fija como baremo un mínimo de 100.000 activaciones.
Esto quiere decir que los dispositivos basados en Android que vendan al menos 100.000 unidades deberán tener garantizados dos años de actualizaciones de seguridad divididos de la siguiente forma:
- Primer año: al menos cuatro parches.
- Segundo año: no concretan un mínimo de parches, lo que sugiere que lo dejan al criterio del fabricante.
Si los fabricantes no cumplen con esa obligación se exponen a perder la licencia de Android, lo que significa que no podrían seguir utilizando dicho sistema operativo en sus dispositivos. Es una sanción muy grave, tanto que podría dejarlos "fuera de juego", así que no creemos que los grandes se arriesguen a quedarse sin un pilar fundamental en sus terminales.
Las actualizaciones se limitan a la seguridad, lo que significa que la fragmentación seguirá siendo un problema, ya que los fabricantes no tendrán la obligación de actualizar la versión de Android. No es una solución definitiva a la problemática de Android, sobre todo porque no fija plazos concretos y peca de ser una imposición demasiado abierta, pero es mejor que nada.
