Hace menos de un mes el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el canon digital español por su aplicación indiscriminada a empresas y administraciones, un concepto que proporcionó ingresos millonarios (algunas fuentes apuntan a 1.000 millones de euros) y que ahora estas entidades se niegan a devolver amparándose en que la sentencia no tiene carácter retroactivo (habría que recordarles a los abogados de estos señores que la situación en la que se encuentran cuadra con la figura del enriquecimiento injusto del Código Civil).
Pero está claro que la cosa no va a quedar así, y cada vez resulta más patente que la jugada les puede salir muy cara. De momento numerosos ayuntamientos españoles, como por ejemplo el Ayuntamiento de Cádiz y la Generalitat de Catalunya, han anunciado que reclamarán la devolución de las cantidades cobradas y que ya están haciendo acopio de todas las facturas donde se refleje el pago del canon que, recordamos, afecta por ejemplo a CDs, DVDs, USBs, MP3, teléfonos móviles y ordenadores.
La Generalitat catalana ya ha anunciado que tomará las medidas necesarias, mientras que la Cámara de Comercio de Lugo está animando a los empresarios interesados en reclamar a que le envíen sus facturas. De momento la Generalitat esperará a que se adapte a la legislación estatal la sentencia europea antes de reclamar ante los tribunales.
Parece que a la SGAE y el resto de entidades gestoras se les avecina una avalancha de reclamaciones y un gran quebradero de cabeza.
Gracias a Yopmismo por enviarnos la noticia.
